En el suelo del Presidente

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Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social Ilustración Ricardo Ajler).

22/10/2005 - 09:35
En Santa Cruz, Kirchner negocia con los policías en conflicto

Néstor Kirchner intenta cesar el conflicto policial en la provincia de Néstor Kirchner, desde que llegó a Santa Cruz donde votará (no así su mujer Cristina, candidata a senadora nacional por Buenos Aires pero no está en el padrón bonaerense y por eso permanece en la Quinta de Olivos). En tanto, el Ejército y la Gendarmería se encargarán de la custodia de los centros de sufragio. Es posible que el malestar existente reste votos a la favorita en Santa Cruz, Alicia Margarita Kirchner.



Los efectivos policiales se encuentran aún en sus lugares de trabajo pero manteniendo un tenso compás de espera. La diputada 'kirchnerista' Judith Fortsmann -como vocera del presidente Néstor Kirchner- les habría informado que hay una oferta para hacerles.

Los abogados que los representan, de apellido Cobos y Muriete, les habrían aconsejado a los uniformados efectuar un compás de espera en virtud de la "investidura presidencial" para escuchar la oferta que tiene para hacer el presidente Kirchner.

Ante esta situación, los policías acuartelados decidieron "levantar" provisoriamente la medida, aunque permanecen en sus lugares de trabajo tal como lo venían haciendo.

Cabe mencionar -según trascendió- que si la oferta les satisface y está cerca de las exigencias, levantarían la medida, aunque seguramente deberán acordar los términos y si habrá sanciones posteriores o pases a disponibilidad.

Informa el diario La Prensa, de Caleta Olivia:

"El ministro Secretario General de la Gobernación, Roque Ocampo, ratificó que las elecciones del próximo domingo 'están totalmente garantizadas en la provincia de Santa Cruz, porque la seguridad del acto es responsabilidad del Ejército Argentino, junto a otras fuerzas armadas y de seguridad que prestarán, como han hecho siempre, su colaboración el día 23'.

El acuartelamiento policial en diversas localidades había generado dudas y versiones sobre una imposibilidad operativa de realizar los comicios, pero estas especulaciones fueron rechazadas por Ocampo.

'A la Policía de la Provincia le compete la seguridad rutinaria, responsabilidad de todos los días de la fuerza, haya o no comicios', aclaró.

En caso de persistir el conflicto, el ministro confirmó 'la puesta en marcha del Consejo de Complementación de la Provincia de Santa Cruz, una figura inserta en la Ley Nacional de Seguridad Interior, donde todas las fuerzas federales concurren a colaborar con la seguridad dentro del ámbito provincial cuando ocurren hechos de significativa importancia', remarcó el funcionario para dejar en claro como actuará el gobierno.

'De modo que la seguridad ciudadana se haya garantizada por completo, al igual que el desarrollo normal de las elecciones del próximo domingo', ratificó.

Roque Ocampo es un necio intentando quitarle al acuartelamiento policial la importancia que tiene. Luego, él desmintió las versiones de renuncia del Ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, y del Secretario de Seguridad, Juan Balois Pardo, lanzadas en una radio de El Calafate por el diputado nacional Alfredo Martínez.

“No sabemos de dónde sacó esta información el candidato a senador por la Unión Cívica Radical, que debo desmentir totalmente. En ningún momento pasó por la cabeza de nadie pedir renuncias y creo que esto sólo es parte del final de la campaña política, donde la oposición pretende confundir a la sociedad de Santa Cruz”, afirmó.

“Le recomendamos al señor diputado que se tome el trabajo de chequear previamente la información que le llega, porque necesitamos que nuestros representantes actúen con seriedad. Lanzar estas afirmaciones sólo contribuye a desestabilizar acciones de gobierno con claros fines electoralistas”, advirtió.

“La campaña venía muy tranquila, pero parece que el conflicto policial ha puesto muy susceptibles a los postulantes de la oposición en estos días. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero salir con mensajes de este tipo carece de toda seriedad. Insisto en desmentir todo lo dicho por Martínez”, recalcó.

“El gobierno del doctor Acevedo ha cumplido muchos de los ítems que integran el primer petitorio que recibimos. Hablamos de los reclamos por equipamiento de móviles, equipos de radio e incluso de uniformes y calzado. Ahora las demandas pasan por la cuestión de los sueldos, pero el gobernador lo dijo con mucha claridad en la ceremonia de asunción de Wilfredo Roque: no van a volver a Santa Cruz las islas salariales que nos llevaron hace quince años a la bancarrota”, dijo Ocampo.

¿Qué dice Rudy Fernando Ulloa Igor al respecto?

"El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Fiscalía de Estado, presentó la denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, por la posible comisión de delito de sedición, de resistencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del personal policial autoacuartelado.

En la denuncia, se expresa que ante la situación que es de público conocimiento planteada por el personal subalterno y presuntamente por el personal superior de la Policía de la Provincia de Santa Cruz consistente en una medida de fuerza de autoacuartelamiento que afecta, en principio, a la localidad de Río Gallegos y casi todas las localidades de la Provincia, circunstancia ésta que origina la falta de prestación de servicios de seguridad en el ámbito jurisdiccional de la provincia, resistiéndose en todos los aspectos a la operatividad de la fuerza que debe tener dentro de la comunidad.

Asimismo, se tiene en cuenta que el personal policial involucrado se encuentra ejerciendo la ocupación de las distintas dependencias en clara violación a las normas legales en vigencia y la reglamentación que impone el “estado policial”.

Tratándose de un servicio público esencial, el proceder puesto de manifiesto es reprensible por cuanto se está poniendo en riesgo la seguridad pública, siendo deber que impone la Constitución al Poder Ejecutivo y es atribución del Gobernador, tomar las medidas necesarias para mantener y conservar la paz y el orden público, por todos los medios que no estén expresamente prohibidos. (...)"

El Gobierno provincial reclama la aplicación del Código Penal, la Fiscalía solicitó a la Justicia se investigue la posible comisión de delito de sedición, contemplada en el Art. 229 del Código Penal; la de resistencia a la autoridad, Art. 239 del Código Penal y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplada en el Art. 250 de dicho Código.

El Gobierno Provincial está evaluando la posibilidad de presentar denuncias similares ante otros Juzgados de la Provincia, en localidades donde se hayan verificado los mismos hechos.

El diario Tiempo Sur, de Río Gallegos, afirmó:

"El fiscal de Estado, Pablo González confirmó a 'Tiempo Sur' el pase a diponibilidad de 3 oficiales y la posibilidad de que otros 3 tengan el mismo destino, y ademá confirmó que se denunció al personal policial por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Pese a estas denuncias, la situación policial de la provincia sigue sometida a un conflicto de reclamo salarial y nada indica que se tienda a descomprimir.

El Fiscal de Estado confirmó que se había presentado una denuncia luego de una nota enviada por el ministro de Gobierno, Dalle Mura, donde se envió un listado suministrado por algunos comisarios que identifican a suboficiales y agentes que son sindicados como cabecillas.

Sin embargo, destacó el Fiscal de Estado que "el Jefe de Policía (Wilfredo Roque) remitió una nota el Ministro de Gobierno para poner en conocimiento de la situación del autoacuartelamiento, esta cirscuntancia ha originado la falta de prestación del servicio de seguridad. Esta nota fue remitida por el Ministro de Gobierno al Gobernador y que fue acompañada por el listado del personal que está en esta situación. Por lo tanto el Gobernador instruye que se realice una presentación judicial en función de que se encuentra afectado el servicio de seguridad y por mandato constitucional se debe garantizar. Esta situación afecta la vida y el resguardo de los bienes de las personas. Por eso se efectúa la denuncia en el marco de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que esteblece que es un deber de funcionario público poner en conocimiento a la Justcia de este tipo de situaciones. Eso es lo que se hizo". (...)"