EL DRAMA DE LAS CARCELES QUE NO CORRIGEN A NADIE

La Argentina duplicó el número de presos en los últimos siete años, según indica un informe del gobierno nacional, elaborado tras el motín del domingo pasado en la cárcel de Magdalena, en el que hubo 33 muertes por asfixia a raíz de la quema de colchones. En 1998 el total de la población penitenciaria alcanzaba a 30.145 internos y ahora asciende a 62.500.

Ese crecimiento sostenido llevó a que la tasa de encarcelamiento argentina pasara de 84,2 cada 100.000 habitantes, en 1998, a 170 en la actualidad. Así, el país, que compartía la tasa promedio de Europa, se encuentra ahora muy por encima.

La provincia de Buenos Aires, que con 32.000 detenidos aloja a más de la mitad de los presos del país, posee una tasa superior a 200 cada 100.000 habitantes, lo que la ubica en una de las más alta de América latina, sólo superada por Chile, que tiene 240 presos cada 100.000 residentes.

A los números deben sumárseles dos situaciones críticas: las características del sistema penitenciario en sí, con lugares físicos insuficientes y condiciones de alojamiento lamentables, y el hecho de que el 62% de todos los detenidos está procesado y no condenado, lo que supone, según la Constitución nacional, que es inocente.

En el ámbito federal, donde el Sistema Penitenciario Federal aloja en 40 establecimientos a 9728 internos, los procesados son el 56 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, sin duda el distrito más conflictivo en materia de seguridad y penitenciaría, la proporción se eleva al 75 por ciento. Y en la cárcel de Magdalena, específicamente, trepa al 90 por ciento. Es decir, sólo 10% de los presos alojados allí fue condenado, el resto está a la espera de ser juzgado.

Para colmo, las autoridades bonaerenses reconocen en privado que el 30% de los presos termina absuelto, lo que evidencia un claro fracaso del sistema.

En la provincia de Buenos Aires, el número de presos se duplicó en los últimos cinco años luego de varias reformas legislativas impulsadas por el ex gobernador Carlos Ruckauf y aprobadas por la Legislatura bonaerense, y casi se triplicó respecto de 1997.

Ese año, los presos eran 11.527; en 2000, el número se ubicaba en 15.012 y hoy asciende a 32.000.

A pesar del incremento de encarcelados, las calles bonaerenses no parecen hoy más seguras que entonces.

Teniendo en cuenta las cifras de ese distrito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino este año en un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Tendencia acentuada"

Entre otros datos, el alto tribunal destacó que desde 1990 la cantidad de detenidos procesados por la justicia bonaerense aumentó 296,7% y se acentuó la tendencia aún más desde 1998; los detenidos procesados representan el 75% de las personas privadas de libertad en la provincia y la situación de las cárceles provinciales es crítica en materia de capacidad de alojamiento, por lo que se reconoció la imposibilidad de incorporación de nuevos detenidos a través de la resolución ministerial 221-04.

Por último, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció que existe por parte de los jueces un abuso en la utilización de la prisión preventiva.

Tras el fallo del máximo tribunal, los gobiernos de Felipe Solá y de Néstor Kirchner no han hecho nada destacable para superar la crisis penitenciaria.

En el mundo

Los países del mundo con tasas de encarcelamiento más altas son la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con 620 presos cada 100.000 habitantes, y los Estados Unidos, con 600 cada 100.000.

Ambos tienen características destacables, pero nadie se atrevería a decir, en cambio, que son los más seguros del mundo.

Frente a las cifras oficiales de la Argentina, hay que estar atentos y no dejarse engañar por los números.

Esto es así porque mientras que el sistema penal argentino no mejoró su performance, ahora logra muchas más condenas (con penas de prisión) que en el pasado, porque sus jueces son más eficientes.

En el ámbito nacional, donde también se registra superpoblación en ciertos penales como Devoto, la construcción de cárceles está parada tras denuncias de corrupción e irregularidades en la licitación.

Los más poblados

Los últimos motines ocurrieron en los distritos con más detenidos y superpoblación carcelaria.

A Buenos Aires y al Servicio Penitenciario Federal les siguen Córdoba, con 5300 internos; Santa Fe, con 2567 (en ese distrito un informe elaborado por las cámaras penales de Santa Fe y Rosario, conocido ayer, sostiene que la situación en las cárceles santafecinas es "altamente peligrosa" y que el panorama es "alarmante" como consecuencia de la gran concentración de detenidos que reciben "un trato cruel, inhumano y degradante", como se informa en la página 31), y Mendoza, con 2543.

Esta última provincia enfrenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría tener consecuencias para el Estado nacional.

Lo ocurrido en Magdalena era previsible y, al decir de las cifras oficiales, puede repetirse en cualquier momento.

Si los dirigentes políticos argentinos decidieron hace unos años que quieren que en el país haya más presos, entonces es hora de construir más cárceles para que, por lo menos, el Estado pueda garantizar la vida de todos los detenidos.

Si, en cambio, reconocen el fracaso de esa política, habrá que instrumentar soluciones alternativas rápida y sostenidamente.

Por Laura Zommer
Para LA NACION