Adrián Ventura
Temas de la Justicia
El Poder Judicial, doblegadoAgregar a mi carpeta
En 1990, a instancias del entonces presidente Carlos Menem, el Congreso nacional, con el voto del justicialismo, amplió la Corte e inició un oprobioso período histórico. Hoy, a instancias del actual mandatario, Néstor Kirchner, el mismo partido someterá al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento y a 900 jueces nacionales a los designios del Gobierno.
Los jueces pueden declarar inconstitucionales las leyes y los decretos. Pero, si el Gobierno controla su nombramiento y remoción, ¿quién se animará a enfrentar al Poder Ejecutivo?
La situación vivida en 1990 y la actual son idénticas. En aquel momento, la ampliación de la Corte le permitió a Menem nombrar a sus amigos y tener la última palabra en cualquier asunto que recalase en la Justicia. Ahora, Kirchner maniatará a cientos de jueces nacionales de todo el país, controlando políticamente al Consejo y al Jurado, los dos organismos que designan y remueven a los magistrados.
* * *
Se pueden extraer algunas conclusiones:
* El justicialismo, una vez que alcanza el gobierno, sólo concibe manejarse con un único poder, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo y la Justicia sólo pasan a ser sus brazos ejecutores.
* En 1990, el entonces senador Jorge Yoma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que "el Gobierno no necesita una Corte peronista. Lo que quiere es mejorar la administración de Justicia". La realidad fue otra. El mismo Yoma, antes de dejar de ser senador, junto con su colega Cristina Kirchner, fue el principal impulsor del proyecto. Y el oficialismo recurrió al mismo argumento. ¿Por qué las cosas van a ser distintas?
* En 1990, el justicialismo contó con la colaboración de parte de la Ucedé y de parte del radicalismo para aprobar el proyecto. Ahora, parte de la UCR, además de algunos ex duhaldistas, vuelve a dar su apoyo. Y la oposición no atina a armar un frente sólido, ni siquiera ante un tema tan grave.
* Los políticos argentinos conciben el sistema como una democracia plebiscitaria, en la que la mayoría elegida se lleva todo el poder. Pierden de vista que la democracia constitucional, es decir, la República y el Estado de Derecho, requieren que el Congreso y la Justicia controlen al Poder Ejecutivo.
* ¿Qué empresa seria querrá invertir en un país en el cual sus conflictos serán resueltos por jueces que están en condiciones de ser presionados por el Gobierno?
* Todas las organizaciones profesionales y judiciales, sin distinción de ideologías, alertaron sobre la gravedad de la reforma, pero el Gobierno avanza contra toda argumentación. Vivimos en una democracia sorda, sin diálogo fecundo.
* Los argentinos, una vez más, tiramos décadas por la borda. Entre 1989 y 1994, Menem nombró en la Justicia a muchos de sus operadores. Cuando en 1994 se reformó la Constitución nacional, Raúl Alfonsín, para dotar a los futuros jueces de mayor independencia, consiguió que se incorporasen el Consejo y el Jurado. Ahora, Kirchner, como no puede borrar esos organismos de un plumazo -porque están en el texto constitucional- se propuso dominarlos. Nuestras instituciones no avanzan, atrasan.
La Argentina, una vez más, olvida que el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Y se entrega, otra vez, al gobierno de un solo hombre.
Por Adrián Ventura
aventura@lanacion.com.ar
22 feb 2006
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